Defensa jurídica

Al contratar esta cobertura, la aseguradora asume los gastos derivados de procedimientos judiciales y otras prestaciones al objeto de:

a) Recuperar el importe de los daños y perjuicios sufridos por el asegurado, tanto amistosamente como a través de un procedimiento judicial, ya sea civil o penal.

b) Defender al asegurado en un procedimiento civil, penal o administrativo o frente a una reclamación de la que sea objeto.

En concreto, el seguro de defensa jurídica tiene una doble consideración:

1) Prestación económica para sufragar  gastos como son las minutas de los abogados, derechos de procurador, gastos de notario, minutas de peritos, costas judiciales de orden penal y constitución de fianzas penales necesarias para obtener la libertad provisional del asegurado.

2) Prestación de servicios por asesoramiento jurídico y abogado de la propia entidad.